Megaproyectos y Derechos Indígenas en México (Parte 8 de 10)

 

BERNARDO MENDEZ LUGO*

Los gobiernos estatales sin una adecuada información sobre necesidades prioritarias de los pueblos y regiones indígenas, imponen en base a criterios políticos o sin ningún criterio, las políticas de gasto e inversión a los gobiernos municipales.

 

A su vez, presionado por la dinámica federal y estatal, el gobierno municipal impone sus políticas sin consulta previa a pueblos y rancherías en su territorio. La tendencia centralizadora ha continuado y es notoria en la creación de “súper-delegados” del ejecutivo federal que operan en cada estado de la República y se convierten en un contra-poder frente a gobernadores.

 

El caso de la “nación purépecha” en Michoacán y la división municipal que desconoce la costumbre jurídica de los indígenas está bien documentado por el antropólogo Luís Vázquez León en sus estudios sobre Michoacán. (Véase: Antropología política de la comunidad indígena en Michoacán, Morelia, Colección Cultura/5, Editora SEP-Michoacán, 1986.

 

Sin embargo, es importante reconocer que una parte significativa de los gobiernos municipales no cuentan con infraestructura y capacidad de gestión para definir su política local. Interesa conocer la lógica de las decisiones gubernamentales por el impacto que tienen en el hábitat de los pueblos indígenas y consecuentemente en sus derechos sobre tierras y recursos naturales.

 

Los destinos de muchos municipios quedan en manos del gobierno estatal y en los estados con recursos petroleros o megaproyectos turísticos quedan determinados por la decisión del gobierno federal y en particular por PEMEX (Véase Recomendación 100 de la CNDH de 1992 para que PEMEX repare daño ecológico en Tabasco) y FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) en asociación con inversionistas nacionales y extranjeros en el caso de los megaproyectos turísticos.

 

No sólo se trata de una dinámica exógena de desarrollo sino de la prevalencia de la modernización económica por la vía de la introducción de las leyes del mercado, lo cual genera una presión significativa para mercantilizar todo tipo de bienes incluyendo por supuesto tierras comunales, playas y escenarios naturales con posibilidades de explotación turística, terrenos con perspectivas de comercialización inmobiliaria por futura urbanización etc.

 

En estas circunstancias resulta difícil que se mantenga el principio del artículo 17 del Convenio 169 que plantea que “deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidos por dichos pueblos”. (cursivas nuestras).

 

El tercer párrafo de ese mismo artículo plantea que “deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”

 

Vale la pena señalar que aún antes de que se inicie un gran proyecto estatal, las comunidades indígenas tienen claros niveles de estratificación social, es decir, casi todos los pueblos indígenas cuentan con una pequeña élite que domina e impone sus intereses sobre el resto del pueblo, esta élite no es necesariamente mestiza o ladinizada de antemano.

 

En la práctica resulta sumamente complejo dar cumplimiento a los lineamientos trazados por el artículo 18 del convenio citado donde se señala que “la ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas par impedir tales infracciones”.

 

El artículo 19 contempla que los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población y se prevé la “asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico”.

 

Los cambios de la legislación agraria tienden a crear o fortalecer el mercado de tierras y en ese sentido, se da una nueva situación jurídica que en la práctica facilita el despojo de las tierras de pueblos indígenas. Sobre contradicciones entre propiedad privada y comunal en Chiapas, véase: Alain Bretón, “Bachajón, organización socio-territorial de una comunidad tzeltal”, México, INI, 1984, pp.83-98

 

Condiciones laborales de los pueblos indígenas frente a la costumbre jurídica

La parte III del Convenio 169 de la OIT establece lineamientos para contratación y condiciones de empleo de los pueblos indígenas. El mandato del artículo 20 coincide ampliamente con el artículo 123 de la Constitución Mexicana y su ley reglamentaria que es la Ley Federal del Trabajo.

 

Algunas de las disposiciones de este artículo no se cumplen cabalmente ni siquiera para trabajadores no indígenas o jornaleros agrícolas, especialmente las disposiciones que se refieren a garantizar condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo con plaguicidas y otras sustancias tóxicas así como las contrataciones coercitivas y la prohibición de la servidumbre por deudas.

 

En el caso del uso de plaguicidas, existen evidencias de daños a la salud de jornaleros indígenas que trabajan en campos agrícolas que usan plaguicidas, es el caso de los huicholes que laboran en las fincas tabacaleras de Nayarit y los mixtecos que desde hace muchos años son contratados en los valles legumbreros de Culiacán, Sinaloa. (Véase: Iván Restrepo, “Plaguicidas y huicholes” en La Jornada, 15 de noviembre de 1993, p. 6 y sobre los mixtecos el libro The Death of Ramón González, University of California at Sacramento, 1989; en especial capítulo sobre  uso de plaguicidas en el Valle de Culiacán).

 

Otros lineamientos del Convenio 169

La parte IV se refiere a Formación profesional, artesanía e industrias rurales, corresponde a los artículos 21, 22 y 23 y son lineamientos de carácter general que busca hacer respetar la identidad cultural y tecnológica de los pueblos indígenas en su capacitación y entrenamiento.

 

La parte V se refiere a la Seguridad Social y la Salud que tiene implicaciones muy claras en la defensa de la cosmovisión de la salud y la enfermedad en el mundo indígena, se pide tomar en consideración sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. (Artículos 24 y 25).

 

Educación y medicina tradicional como costumbre jurídica

La Parte VI desarrolla las normas para educación y medios de comunicación. Se indica que los programas educativos deben responder a sus conocimientos y técnicas, a sus sistemas de valores y sus aspiraciones sociales, económicas y culturales.

 

El artículo 28 especifica que “debe enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua”. El artículo 30 es muy elocuente de la necesidad de adoptar medidas acordes con las tradiciones y culturas de los pueblos autóctonas.

 

Como sucede en otras partes del mundo, la experiencia de la política mexicana en educación bilingüe tiende a desplazar paulatinamente las lenguas autóctonas para imponer la lengua castellana. El caso de la educación es aleccionador: la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Indígena lleva a cabo tareas de alfabetización y enseñanza de cada una de las 56 lenguas autóctonas que existen en México, son esfuerzos loables y se realizan en estrecha colaboración con profesores bilingües indígenas en los propios poblados rurales.

 

Sin embargo, el proceso educativo y el entorno socio-cultural tiende a relegar la lengua materna del estudiante indígena y el aprendizaje de su idioma, escritura y lectura se convierte en una “transición” a la lengua nacional dominante, el idioma español.

*DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN PROMIGRANTE AMERICASINMUROS.ORG CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO.
Foto: 10cultura.com

 

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