Megaproyectos y derechos indígenas en México (parte 7 de 10)

BERNARDO MENDEZ LUGO*

En el caso de México, los minerales y recursos del subsuelo pertenecen al Estado, según el artículo 27 de la Constitución. El petróleo y sus derivados primarios son de exclusiva explotación estatal y en el caso de la explotación de minerales con la excepción de los considerados estratégicos, se otorgan concesiones a particulares nacionales y extranjeros para su explotación.

 

Sin embargo, la tendencia del gobierno mexicano en los últimos años ha sido a flexibilizar los lineamientos constitucionales sobre la explotación energética y se han ideado esquemas  financieros diversos de arrendamientos que permiten el acceso a la inversión extranjera. Debe reconocerse que el actual gobierno encabezado por el presidente López Obrador ha planteado revertir parte de la reforma energética del gobierno anterior.

 

La experiencia de la explotación petrolera en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas deja un balance poco alentador en relación a la consulta previa y evaluación de posibles perjuicios a los pueblos afectados por la explotación petrolera en terrenos, aguas y bosques que constituían el hábitat propio de estos pueblos por generaciones.

 

El impacto de PEMEX y la Compañía Mexicana de Geofísica sobre la ecología de Chiapas, en particular, los daños sobre el hábitat de tzeltales y choles del noroeste chiapaneco y la Selva Lacandona. (Véase: La Jornada, diario de la Ciudad de México, 5 de diciembre de 1993, p. 19).

 

Se podría argumentar de parte de PEMEX (Petróleos Mexicanos) que una parte de esos pueblos no son de carácter autóctono sino pertenecen a asentamientos campesinos de carácter minifundista y en otros casos son pueblos de pescadores dedicados a la pesca ribereña en condiciones precarias.

 

Sin embargo, las evidencias de campesinos indígenas en Chicontepec, Veracruz, del Municipio del Centro en Tabasco y pobladores de origen maya de la zona costera de Campeche, demuestran que se minimizó el impacto ambiental y de vulneración  de ecosistemas por parte de PEMEX y sus contratistas al desarrollar la explotación energética de los mantos de la región. A posteriori, se corrigieron algunas de las políticas equivocadas o que habían subestimado las repercusiones ecológicas y sociales de la presencia de PEMEX en esas regiones.

 

Véase el caso del pueblo campesino de Gil Pérez, municipio del Centro, Tabasco que visité en 1977, en relación a contaminación de aguas, cambio de actividad agropecuaria y contratación temporal creciente de campesinos y jóvenes del medio rural por las compañías contratistas y constructoras vinculadas a la explotación petrolera de la región desde finales de los setentas, donde se observó una alta incidencia de accidentes laborales, muchos de ellos causando incapacidades físicas permanentes o la muerte.

 

Se apuntan estas consideraciones porque se relaciona estrechamente con la vulneración del derecho consuetudinario indígena sobre tierras y aguas y limitación de derechos humanos en el ámbito de las contrataciones laborales y sus condiciones de trabajo, situación que contraviene el Acuerdo 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en su apartado III sobre contratación y condiciones de empleo.

 

El artículo 15 contempla también la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan “percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

 

En este supuesto se han encontrado casi todas las comunidades campesinas y pesqueras afectadas por los proyectos desarrollados por PEMEX (Recomendación 100 de la CNDH sobre PEMEX, 1992) y en el caso de algunos mega-proyectos turísticos como Huatulco en Oaxaca, donde los pobladores nativos de las bahías de Santa Cruz Huatulco no han sido indemnizados adecuadamente.

 

De acuerdo con los testimonios de los pescadores y campesinos indígenas de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca el proyecto turístico-hotelero se hizo sin considerar sus intereses, nunca hubo consulta previa y las indemnizaciones que recibieron por sus tierras expropiadas fueron irrisorias y tardías.

 

Situación muy parecida han vivido los  campesinos y pescadores cuyos terrenos ejidales fueron expropiados en Bahía de Banderas, territorio del estado de Nayarit y parte de Jalisco, en el centro-occidente de México.

 

Además, la adecuación de las playas para el turismo, la construcción de hoteles y los desechos arrojados al mar, los dragados para favorecer la entrada de embarcaciones turísticas y la adecuación del entorno para recibir visitantes como construcción de un aeropuerto internacional y carreteras trastocó sensiblemente los ecosistemas de producción agrícola y la situación de la actividad pesquera se tornó desfavorable. Véase: (Suplemento de derechos humanos en Oaxaca, La Jornada, 29 de junio de 1993).

 

Buena parte de los campesinos y pescadores fueron reubicados pero como ya ha sucedido con la construcción de presas y sistemas hidroeléctricos, la reubicación no consideró adecuadamente que “dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro”,(cursivas nuestras) tal como lo establece el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT.

 

Es un círculo vicioso que impone la toma de decisiones centralizadas en forma de anillos concéntricos: el gobierno federal impone sin suficiente consulta sus políticas de inversión a las entidades federativas tal como lo demuestra el caso de Michoacán durante el periodo de gobernador de Cuauhtémoc Cárdenas (1980-1986) y sus contradicciones con el gobierno federal, en particular, con la Secretaría de Programación y Presupuesto encabezada por Carlos Salinas de Gortari. (Véase mi ensayo al respecto en: Revista Interamericana de Planificación, el caso SPP-COPLADE-Gobierno de Michoacán, julio de 1987).

*DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN PROMIGRANTE AMERICASINMUROS.ORG CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO.
FOTO: Vyacheslav Svetlichnyy/Shutterstock /Vyacheslav Svetlichnyy

 

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