Megaproyectos y Derechos Indígenas en México (Parte 6 de 10)

 

BERNARDO MENDEZ LUGO*

La política de desarrollo económico basada en los “polos” de desarrollo industrial ha configurado situaciones de cambios drásticos en el hábitat de poblaciones nativas completas en Corea del Sur, Malasia, Filipinas y muchos de los países de “éxito exportador” en Asia y América Latina.

 

Si bien el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT contempla que “al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario (cursivas nuestras). No se ha respetado el espíritu de este lineamiento.

 

En un amplio estudio sobre el impacto ambiental y social en el hábitat de los indígenas chinantecos de la Presa Cerro de Oro en Oaxaca, los antropólogos Miguel A. Bartolomé y Alicia M. Barabás explican que las ciencias sociales y la consideración a la costumbre jurídica indígena fueron excluidas del proceso de relocalización de la población, y el problema fue abordado como una cuestión de ingeniería. Es decir, el costo social derivado de la reubicación fue subestimado por la agencia gubernamental encargada a lo largo de todo el proceso.

 

En las últimas décadas el traslado masivo de poblaciones, derivado de la construcción de grandes presas en Asia, África y América Latina, ha dado lugar a la formulación de un cuerpo teórico de ciencias sociales, antropológicas, jurídicas y ambientales que recoge el conjunto de las experiencias.

 

Lamentablemente, -indican Bartolomé y Barabás- en México se ha excluido la aportación de las experiencias internacionales, que hubieran podido minimizar el costo social.

 

La conclusión de Bartolomé y Barabás es controvertida y polémica pero refleja con nitidez la opinión de variados especialistas y estudiosos de la problemática indígena en México: “el resultado de las relocalizaciones permite calificar el traslado como un definido proceso de etnocidio”.

 

“En las zonas de reacomodo se advierte la progresiva pérdida del idioma étnico, la indumentaria tradicional y una multitud de pautas culturales como las organizaciones parental, residencial, productiva, política y religiosa; así como de los patrones de reciprocidad y ayuda mutua y de la específica gama de relaciones históricas, simbólicas y ecológicas creadas a través de milenios de interacción con el medio ambiente que constituye su territorio étnico”  (cursivas nuestras). (Véase: Miguel A. Bartolomé y Alicia M. Barabás, “Los Chinantecos y la presa Cerro de Oro” en México Indígena, Marzo-Abril de 1989, pp. 57-60).

 

El segundo párrafo del artículo 8 del Convenio de la OIT plantea claramente que “dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

 

Este lineamiento que plantea la posible incompatibilidad entre instituciones propias de los pueblos indígenas y sistema jurídico nacional de donde se puede derivar que en circunstancias de conflicto de leyes pudiera prevalecer el sistema jurídico nacional aún cuando se prevea el establecimiento de procedimientos para solucionar los conflictos.

 

El artículo 9 reitera la idea de compatibilidad en el castigo de delitos al señalar que “en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”.

 

El segundo párrafo de este artículo indica que “las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”.

 

El artículo 10 prevea de alguna manera, atenuantes al imponer sanciones penales al tomarse en cuenta las características económicas, sociales y culturales de los pueblos indígenas y se plantea que deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

 

En el caso de México, con las acciones de los últimos años emprendidas por el Programa de defensoría de presos indígenas del Instituto Nacional Indigenista se habían liberado 3 mil 224 indígenas presos hasta finales de 1988.

 

Han existido con frecuencia irregularidades en los procesos contra miembros de las etnias, ya sea porque no se han dictado las sentencias o la envergadura del delito es menor o no existen pruebas suficientes para probar la culpabilidad pero por ausencia de defensoría, el indígena permanece preso.

 

Otro rubro importante que genera conflicto y produce contradicciones de fondo entre los indígenas y sectores que impulsan la modernización económica tiene que ver con la disputa por el control y dominio de las tierras. Véase: Thierry Linck, “El Campesino desposeído”, México, El Colegio de Michoacán-CEMCA, 1988, se documenta específicamente el despojo de los indígenas purépechas de la Meseta Tarasca en Michoacán.

 

El Convenio 169 en los artículos comprendidos del 13 al 19, contempla ampliamente la defensa de las tierras y recursos naturales de los indígenas como un hábitat armónico de su desarrollo humano.

 

Los proyectos de modernización económica y la conflictiva con el derecho consuetudinario indígena sobre territorio y hábitat

 

El artículo 13 se destaca que “al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos…”

 

El artículo 14 se subraya que “deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.”

 

El artículo 15 protege los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras y prevé que “en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

*DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN PROMIGRANTE AMERICASINMUROS.ORG CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO.
Foto: desinformemonos.org

 

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