Megaproyectos y Derechos Indígenas en México (Parte 5 de 10)

 

BERNARDO MENDEZ LUGO*

En general, los proyectos de explotaciones de recursos naturales no renovables ya sea petróleo, gas o minerales, no ha contemplado las necesidades de los pobladores locales, normalmente es a posteriori cuando se llevan a cabo medidas de “compensación” de daños o “indemnizaciones” por terrenos o territorios que se invaden o se expropian por “interés público o de la nación”.

 

Esta dinámica se sigue con frecuencia en proyectos como presas e hidroeléctricas en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Paraguay. Proyectos turísticos de gran envergadura en México, Indonesia, Madagascar, Tailandia, Islas como Reunión, Mauricio, Seychelles y Hawai que destruyen el entorno natural y modifican las pautas culturales, transformando las culturas autóctonas en manifestaciones híbridas de base mercantil, según lo demostraron diversos estudiosos en un libro publicado por Emmanuel de Kadt, Turismo ¿Pasaporte al desarrollo?, Washington, D.C., Banco Mundial- UNESCO, 1979.

 

En el caso de México, existen diversas experiencias de proyectos de desarrollo y modernización que han afectado el hábitat de los grupos indígenas, en algunos casos se ha desplazado a poblaciones enteras sin cumplir con acuerdos pactados o la modificación del entorno ecológico ha dañado ecosistemas y formas de vida y las nuevas tendencias de la acumulación de capital ha operado como “imán” para atraer poblaciones indígenas a los nuevos “polos de desarrollo”

 

Por ejemplo, el Eje Regional Ístmico ubicado en la región que integra a los puertos petroleros de Coatzacoalcos en el Golfo de México con Salina Cruz en el Pacífico, la operación de la planta petroquímica La Cangrejera-Pajaritos ha influenciado la conurbación de Minatitlán, Cosoleaque y Acayucan.

 

Este polo de desarrollo atrae inmigrantes de varios puntos del país y, entre ellos, la población indígena, principalmente mixes, zapotecos del Istmo y de la Sierra de Juárez y nahuas de Veracruz.

 

En el caso de la región de Salina Cruz, también ha sido un foco de atracción para la población indígena (zapotecos, mixes, huaves y chontales oaxaqueños) lo que ha convertido a Salina Cruz de un enclave mestizo nacional, en una región casi totalmente indígena.

 

Es evidente que el crecimiento inusitado de las actividades portuarias tiene ya severos impactos ambientales y sociales, pero existen pocos estudios sobre las consecuencias que ha tenido y tendrá sobre las poblaciones mixes, zapotecas, huaves y de chontales. Otros proyectos que han afectado el hábitat de las poblaciones indígenas en esta región son las presas Benito Juárez y la de Cerro de Oro.

 

El impacto ecológico está documentado, pero la repercusión de los proyectos sobre derechos consuetudinarios y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas desplazados o reubicados ha sido poco estudiada.

 

Sigue ausente una evaluación de las políticas gubernamentales desde la perspectiva de la preservación del espacio histórico de los pueblos autóctonos y sus derechos sobre tierras, aguas y bosques.

 

Algunos datos aportados por Nemesio Rodríguez, director del Centro Antropológico de Documentación de América Latina (CADAL) revelan la magnitud del trastrocamiento del Hábitat tradicional indígena: refiriéndose al impacto del Distrito de Riego 19 -D.R. 19- (Presa Benito Juárez) en Oaxaca, señala:

 

“El espejo de agua de la presa inundó el poblado zapoteca de Jalapa de Marqués que era llamado el granero del Istmo; hoy, esta población tiene que traer de otros lugares sus alimentos básicos.

 

Además de lo señalado, ha habido una ruptura de la solidaridad comunal zapoteca que les permitía, con base en sus conocimientos precisos del medio ambiente local, cubrir sus necesidades y participar en los mercados regionales con sus excedentes”.

 

Aunado a lo anterior, y por el desplazamiento de mano de obra que producen las formas productivas del paquete tecnológico impuesto en la región por el D.R. 19, los zapotecos presionan sobre las pocas tierras de sus vecinos, los huaves, llegando a competir con ellos en la pesca de las lagunas costeras del Pacífico.

 

A su vez, los huaves, han visto disminuir su potencial pesquero por el aumento de la salinidad y la contaminación (pesticidas, herbicidas, fertilizantes y petróleo) en sus lagunas”.

 

El investigador Rodríguez manifiesta que a lo largo de veinte años el D.R. 19 ha traído más perjuicios que beneficios a la población indígena local (zapotecos y huaves) no sólo por la destrucción del nicho ecológico regional, sino también porque al destruirlo han disminuido las posibilidades de desarrollo de la población nativa debido a la disfuncionalidad de sus conocimientos e instituciones culturales propias que dejan de ser útiles en la nueva situación y no son remplazadas por otras (cursivas nuestras).

 

Situación parecida sucede con el proyecto Forestal Sierra de Juárez en Oaxaca ya que “tanto el proyecto forestal como el incremento del programa ganadero, se encuentran divorciados de la producción de alimentos básicos y de los ancestrales conocimientos integrales del que son portadores zapotecos, mixes y chinantecos, conocimientos que se fragmentan por el impacto negativo unidireccional tendiente a la sustitución del bosque por la plantación y de la fauna silvestre por el ganado vacuno”. (Véase: Nemesio Rodríguez, ¿Desarrollo para quién? en México Indígena, Marzo-Abril de 1989, pp.20-26).

 

Las experiencias de México deben contextualizarse y compararse con lo que ha sucedido a nivel internacional, aceptando que se han cometido errores en muchos países del mundo al promover proyectos productivos, hidráulicos o turísticos en regiones autóctonas.

 

Por ejemplo, en la reubicación o desplazamiento de grupos autóctonos en el caso de Canadá, la Comisión Canadiense de Derechos Humanos reconoció de que “no se haya hecho justicia a los indígenas Inuit, que fueron reubicados del norte de Québec al Ártico en la década de los cincuenta.

 

Esta Comisión ha centrado sus esfuerzos en persuadir a los Departamentos del gobierno correspondiente para que consideren a los Inuit como víctimas del abuso de poder.

 

Cuatro décadas más tarde, esto es lo menos que se puede hacer por ellos”. Véase: Maxwell F. Yalden, Los Derechos Humanos en Canadá y el papel de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, México, CNDH, 1992, p.9

*DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN PROMIGRANTE AMERICASINMUROS.ORG CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO.

 

Foto: anahuac.mx

 

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