Megaproyectos y Derechos Indígenas en México (Parte 4 de 10)

 

BERNARDO MENDEZ LUGO*

Existen casos de violencia institucionalizada contra los pueblos indígenas en zonas rurales de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Veracruz. No es casual, que sean precisamente en “Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero donde predominan los bienes comunales, y donde se desarrolla con más fuerza la lucha indígena por la conservación de su tierra”.

 

El antropólogo Sergio Sarmiento ha subrayado que “aunque la Constitución otorga a los pueblos el derecho de reclamar tierras originales, se suele dar el caso de que las autoridades consideren que los papeles que tiene la comunidad no están suficientemente avaladas y a cambio se les ofrece una dotación ejidal”.

 

Además del conflicto entre las comunidades indígenas y las dotaciones ejidales mal delimitadas, se presentan problemas con pequeños propietarios que en realidad son empresarios agropecuarios, quienes presionan por aumentar la superficie de cultivo o para cría de ganado, actividades orientadas a mercados de exportación. Muchas veces los ganaderos con grandes propiedades con fines pecuarios y de ganadería extensiva son allegados a los gobiernos estatales y colaboradores directos de los presidentes en turno.

 

El problema es complejo ya que las comunidades arriendan parte de su territorio, desconocen la delimitación precisa y después de cierto tiempo, los arrendatarios lo reclaman como propio y son apoyados por el aparato burocrático: desde el juez, funcionarios municipales, estatales y federales incluyendo notarios públicos y hasta se corrompe a los presidentes de bienes comunales.

 

Debe reconocerse que la conflictiva al interior de la comunidad ha aumentado debido a la diferenciación social y económica. Al respecto Sergio Sarmiento apunta que “la distribución de la tierra no siempre es igual; hay sitios donde el presidente de bienes comunales se apropia de los mejores predios o le da prioridad a sus hijos; en algunas poblaciones las mujeres quedan marginadas.

 

Estos y otros casos similares crean disgustos que a veces dividen a las familias y llegan a causar muertes. Por otro lado estas diferencias generan intermediarios y cuasi-caciques quienes aprovechan la situación para obtener privilegios adicionales”.

 

El antropólogo Sarmiento reconoce que este tipo de conflictos no siempre se aborda por quienes realizan trabajo de campo pues ello implicaría tomar partido; sin embargo, hablar de ellos permite romper con la idea errónea de que las indígenas son sociedades igualitarias y sin contradicciones (cursivas nuestras). (Véase: “Cuando las cercas caminan. Entrevista con Sergio Sarmiento” por Lourdes Herrasti en México Indígena, México, INI, Marzo-Abril de 1989, pp.14-18).

 

En este contexto, el concepto de la violencia no lo tomamos literalmente en el sentido de represión física sino como el conjunto de acciones diversas que pueden afectar la integridad y la identidad cultural y psícosocial del indígena.

 

La violencia  defensiva de los indígenas puede originarse debido a la vulneración de la costumbre jurídica sobre propiedad comunal en tierras, bosques y aguas así como tradiciones familiares, de trabajo, de medicina y ritos religiosos por agentes externos o intra-comunidad.

 

La confrontación de elementos de diversas corporaciones de policía y partidas militares con los indígenas -teóricamente infractores de la ley- en realidad revela que la defensa de la apropiación privada de tierras y bosques por empresarios y una parte de las acciones estatales de “interés público” parten en ocasiones, de un desconocimiento o subestimación de los derechos y usos de la costumbre indígena. Nuevas corporaciones como la Guardia Nacional actúan en la misma lógica que policía y ejército contra pobladores indígenas y campesinos de ejidos y de propiedad comunal.

 

Ha sido significativa la acción del Instituto Nacional Indigenista en los últimas décadas al promover la liberación de miles de indígenas que estaban encarcelados por delitos menores y en muchos casos por acusaciones endebles o procesos inconsistentes y viciados de origen.

 

Se calcula que en Oaxaca y Chiapas casi el 100 por ciento de la población de las prisiones son indígenas y campesinos pobres, situación que revela parte de la violencia institucionalizada que se ejerce contra las poblaciones autóctonas.

 

En un contexto amplio, los indígenas responden a una agresión y como pueblo ejercen su derecho a defenderse, de hecho “la única guerra justa, es la guerra de defensa. Todos los pueblos deben tener el derecho de defenderse” según palabras de Juan Pablo II al periodista Yas Gawronsky de La Stampa, Roma, 2 de noviembre de 1993. También Véase: Amnistía Internacional, México, Los Derechos Humanos en Zonas Rurales (Intercambio de documentos con el gobierno mexicano sobre violaciones de los derechos humanos en Oaxaca y Chiapas), Madrid, Publicaciones Amnistía Internacional, 1986.

 

El planteamiento de la investigadora Deborah Dorotinsky en el sentido de que “los fundamentos monolíticos de nuestro estado-nación niegan toda posibilidad de considerar las normas consuetudinarias dentro de la legislación” (Véase: “Altos de Chiapas: costumbre legal indígena” en América Indígena, Vol. XLIX, México, Instituto Indigenista Interamericano, 1989. pp.275-303) si bien corresponde a un amplio período de la realidad contemporánea que excluyó la importancia de la costumbre jurídica, en los últimos años se ha modificado la actitud gubernamental al aceptar a nivel constitucional el carácter multicultural y pluriétnico de la sociedad mexicana.

 

El Instituto Nacional Indigenista ha realizado un amplio levantamiento de información, testimonios y experiencias de la vigencia y aplicación del Derecho Consuetudinario y se trabaja en peritajes basados en la costumbre jurídica que se toman en cuenta en la aplicación de las leyes nacionales.

 

Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho recomendaciones en torno a violación de derechos de los indígenas donde contempla el respeto a la costumbre jurídica y su importancia en la defensa de los derechos humanos en el contexto del hábitat indígena.

 

Tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, los pueblos autóctonos tienen escasa participación “en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

 

Sin embargo, de manera más frecuente, se observan perspectivas interdisciplinarias que recuperan una visión alternativa del desarrollo y los derechos indígenas como el ensayo de Alan Thein Durning, “Supporting Indigenous People” en State of the World 1993, a World Watch Institute Report on Progress Toward a sustainable Society, Londres-Nueva York, 1993, pp.80-100.

*DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN PROMIGRANTE AMERICASINMUROS.ORG CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO.

 

Foto:  informador.mx

 

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