Megaproyectos y Derechos Indígenas en México (Parte 2 de 10 )

 

BERNARDO MENDEZ LUGO*

El caso de Chiapas es muy aleccionador ya que históricamente se han dado levantamientos y revueltas campesinas de las poblaciones indígenas de esta región.

 

En la coyuntura actual de la modernización mexicana, Chiapas representa un claro ejemplo de los costos sociales y políticos de los modelos que impulsan los organismos financieros internacionales a nivel nacional; y que se han apoyado en élites afines a las modernizaciones donde lo indígena y su hábitat resultan obstáculos, tanto las elites conservadoras o de tendencia populista, con frecuencia de discurso democrático pero de prácticas autoritarias o renuentes a la transparencia en sus políticas publicas, menosprecian el valor y la pertinencia de los paradigmas ancestrales de organización productiva y ecológica de los pueblos indígenas.

 

El 21 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista.

 

Este Decreto entró en vigor a partir del 5 de julio de 2003 y fue abrogado el 28 de noviembre de 2018 con el Decreto que creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que incluye a la población afrodescendiente.

 

La nación mexicana ocupa el octavo lugar en el mundo en cuanto a diversidad cultural, los pueblos indígenas integran cerca del 12.7% de la población nacional, distribuidos en cerca de 20 mil localidades. Los pueblos indígenas poseen cerca de la quinta parte de la superficie total del país y son dueños de 28% de los bosques templados y 50% de selvas que existen en propiedad social en México, además, las principales presas hidroeléctricas del país: La Angostura, Malpaso, Chicoasén, Aguamilpa y Presidente Alemán, se ubican y abastecen de agua de los territorios indígenas.

 

Asimismo, las principales áreas naturales protegidas se encuentran en municipios indígenas consideradas muchas de ellas como territorios sagrados y ceremoniales.

 

Las culturas indígenas enriquecen a la nación con su música, artesanías, ceremonias rituales, medicina tradicional y una cosmovisión plena de valores y significados.

 

Asociado a ello, encontramos una gran diversidad de sistemas normativos internos que permiten la convivencia de los integrantes de las comunidades y la resolución de sus conflictos internos, contribuyendo con ello a la paz social.

 

En México, desde 1990 se firmó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo que por remisión al artículo 133 Constitucional forma parte de la ley suprema de nuestro país.

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, en el artículo 2º, los derechos de los Pueblos Indígenas y señala las obligaciones que corresponden a la Federación, los Estados y los Municipios para el ejercicio efectivo de los mismos.

 

El reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada en sus pueblos indígenas tiene gran relevancia porque eleva a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas. Estos derechos tienen la característica específica de dirigirse a un sujeto colectivo que mantiene su identidad cultural diferenciada que se manifiesta a través de características específicas.

 

En nuestro país, a partir del año 2001 se han modificado varias leyes reglamentarias con el objetivo de reconocer los derechos de los pueblos indígenas e instrumentar los mecanismos jurídicos que permitan su ejercicio.

 

Las acciones futuras deben por un lado, dar protección a los derechos individuales y por el otro, al reconocimiento y vigencia de los derechos que, como ente colectivo reivindican los pueblos indígenas, tales como la personalidad jurídica, la libre determinación y autonomía.

 

No obstante los esfuerzos del gobierno de México y otros países por desarrollar acciones a favor de las poblaciones indígenas, lo que ha señalado el Dr. Rodolfo Stavenhagen, que fuera profesor-investigador de El Colegio de México y de 2001 a 2008 fue el primer Relator especial de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, es una realidad inocultable en muchos países: “Lo que ha pasado tradicionalmente es que los Estados y las grandes empresas que toman decisiones sobre la instalación de obras de infraestructura, que afectan el medio ambiente y las condiciones de vida de los indígenas, generalmente no han tomado en cuenta los impactos negativos que pueden tener”.

 

“Lo que más se reclama actualmente es que se deben tomar en cuenta las necesidades, condiciones de vida y los derechos humanos de los pueblos indígenas e incluso el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo’’. De acuerdo a Entrevista con Rodolfo Stavenhagen, Relator de la ONU; “La demanda mapuche no es violenta”; Kolectivo Lientur / 24 de julio de 2003.

 

Y cito en extenso conceptos del Dr. Stavenhagen que son validos en 2020 en todo el mundo y en México aún con consultas a indígenas y aparente voluntad de respeto a su territorio y hábitat.

 

Estamos de acuerdo con el desaparecido Rodolfo Stavenhagen cuando afirmaba de que “hay una constante, un patrón persistente, histórico de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Básicamente son violaciones que tiene que ver con los derechos de los pueblos a la tierra, al territorio, la discriminación de la que generalmente son victimas como consecuencia de prácticas racistas, la denegación de los derechos culturales como naciones indígenas. También tienen problemas graves de discriminación en los sistemas de administración de justicia, que muchos llaman de “injusticia”, donde se dan casos de violaciones selectivas y sobre todo existe un patrón muy generalizado de marginación y pobreza frene al resto de la sociedad nacional.

 

Los indicadores de desarrollo humano y servicios sociales, por ejemplo, los que tienen que ver con el acceso a la educación, la salud, o la asistencia sanitaria y los servicios públicos están muy por debajo de la media nacional para los pueblos indígenas. Y quienes particularmente sufren esta discriminación son las mujeres indígenas y las niñas. Sufren en este sentido una triple discriminación como indígenas, como mujeres y como niñas.

*Director Ejecutivo de la Fundación Promigrante AmericaSinMuros.org con sede en Ciudad de México.
Foto: EFE

 

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