CIDH investigará abusos sexuales a 11 mujeres por policías en caso Atenco

 

Foto: Reuters
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó al gobierno mexicano que manda el caso “Mariana Selvas Gómez y otras”, sobre los abusos sexuales de policías a mujeres en una represión en el centro de la nación en 2006, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

 

“Al respecto, y ante la posibilidad de que la CIDH determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso, el propio Gobierno mexicano hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte”, informó un boletín conjunto de la Cancillería, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación.

 

Esta decisión se valoró “a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”, añadió el escrito.

 

En mayo de 2006 se dio una brutal represión policial en las poblaciones  de San Salvador Atenco y en el vecino municipio de Texcoco, Estado de México, que terminó con dos fallecidos y 217 arrestados, entre ellos unas 50 mujeres.

 

Ante la falta de acceso a la justicia, 11 del medio centenar de mujeres víctimas de la represión -en su mayoría también de abusos sexuales-, interpusieron  en 2008 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió el caso en 2011.

 

“El gobierno de México desea informar que, desde marzo de 2013, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en este caso, y en su momento notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión”, refiere el boletín.

 

Acorde con ello, prosiguió, el Estado busca todavía “sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación y otras medidas para evitar la repetición de hechos similares”, y remembró que hay más de 30 personas detenidas.

 

Además, el Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, y, para evitar que se repitieran actos similares, adecuó la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública, entre otros.

 

El Gobierno de México ha mantenido un diálogo directo con las víctimas y sus representantes para acordar nuevas acciones para cumplir con todas las recomendaciones dictadas por la CIDH, afirmó el comunicado, que reiteró una vez más “su total disposición” a cooperar con la CorteIDH.